El buen funcionamiento de la democracia exige que la relación entre política y dinero sea absolutamente transparente. Sólo así se asegura que las decisiones sean tomadas en función del bien común y alejadas de las presiones de grupos de interés. En caso que esos vínculos existan, los ciudadanos deben conocerlos para poder votar en forma informada y controlar a sus representantes.
Así lo planteamos muchas veces, junto a algunos entonces diputados, desde antes de la aprobación de la ley sobre transparencia y gasto electoral y en cada una de sus modificaciones. Señalamos, también, con insistencia que los límites a los desembolsos en campañas eran excesivos. Producto de la falta de avances fui sistemáticamente un voto en contra u abstención en muchas de estas disposiciones.
Impulsamos, asimismo, innumerables mociones para prohibir las donaciones de entidades sujetas a fiscalización o control del Parlamento y los municipios, como inmobiliarias, casinos, empresas de servicios básicos y seguridad social. La última y más completa de estas iniciativas, presentada en mayo de 2012, reunió un conjunto de temas, entre los que se destacan dos de los que ahora han resurgido con la aprobación de la indicación de los diputados Jackson y Mirosevic, en el marco del fin del binominal: la prohibición de donaciones de personas jurídicas y el fin de los aportes reservados. (Ver presentación explicativa de moción del senador Montes sobre transparencia electoral)
Estoy plenamente de acuerdo con lo aprobado y respaldaré que se mantenga en el texto de la reforma. Las críticas u objeciones que algunos han planteado, en el sentido que esto podría hacer que proliferen prácticas menos transparentes, quedarían desechadas aprobando la tercera de las ideas contenidas en el proyecto que patrocinamos, junto a otros diputados, esto es, que quien incurra en anomalías graves de este tipo derechamente pierda el cargo. Sin ambigüedades, sin dudas.
Otro tema, hasta ahora ausente de la discusión y que promoveré, es la regulación de los denominados aportes anónimos, que son tan secretos como los reservados. Si se consideran éstos la situación de falta de transparencia de las cuentas de las candidaturas es en muchos casos aún mayor. Nuestra propuesta es que, por su naturaleza, sólo estén exentos de la intermediación del SERVEL, pero que deban ser siempre registrados y sus aportantes conocidos.
La enorme desconfianza de los ciudadanos hacia la política requiere hoy pasos decididos hacia la transparencia y control con medidas claras y concretas, como que los aportes provengan sólo de las personas naturales, que son las que toman opciones políticas y que éstos, tanto anónimos como reservados, sean totalmente públicos.
El principio básico es que se sepa el origen de absolutamente todos los aportes que reciben los candidatos y el destino de todos sus gastos, existiendo controles ciudadanos e institucionales con sanciones severas a las malas prácticas, que lleguen incluso a la destitución.
A ello debe agregarse la reducción del costo de las campañas. Los límites de gasto siguen siendo excesivos y deben ser revisados, pues condicionan en forma importante la elegibilidad de los candidatos. No sólo el sistema binominal desequilibra la cancha.
Carta publicada en El Mercurio, 8 de septiembre de 2014.