La reforma educacional es una tarea nacional y el principal desafío de nuestro gobierno. De su resultado dependerá la evaluación de esta gestión. Quienes la impulsamos tenemos la obligación de sumar voluntades a una transformación tan profunda y decisiva.
La definición esencial es la urgencia de superar el modelo de mercado que ha conducido a segregación y baja calidad. En su lugar, aspiramos a retomar el curso histórico de nuestro país, que consistió en complementar calidad con grados crecientes de cobertura, integrando esfuerzos públicos y privados. Esa visión me llevó, en su momento, a votar contra el financiamiento compartido y la LGE. Transformar la educación en un derecho social requiere avanzar en tres ejes: a) sentar las bases de una nueva educación pública; b) rediscutir los conceptos de educación y calidad y c) desmontar el sistema de mercado y redefinir el rol de la Educación Particular Subvencionada (EPS).
En la instalación de una nueva educación pública debimos comenzar en paralelo al proyecto sobre fin al lucro. Hemos perdido este año. En los próximos debemos iniciar una transformación de escuelas y liceos para recuperar la mística de esas comunidades y desplegar sus potencialidades. Más horas no lectivas, menos alumnos por curso, fortalecer equipos directivos, docentes y técnicos, separar tareas administrativas, normalizar el orden y disciplina, extender giras de estudio y actividades deportivas y culturales, y recuperar infraestructura son algunas bases de este esfuerzo.
Respecto del reenfoque sobre los conceptos de educación y la calidad, debemos desatarnos del Simce, suspendiéndolo, o al menos evitar que se prepare a los alumnos para rendirlo e impedir la difusión de sus resultados hasta diseñar un nuevo sistema de medición de logros del aprendizaje. Dejemos a los maestros educar sin esta presión. Recuperemos la visión de la educación como la formación de seres humanos para vivir en sociedad, proceso que integra dimensiones sociales, culturales, afectivas, físicas y, por cierto, cognoscitivas.
Por último, sobre el proyecto de ley destinado a desmontar el modelo de mercado y redefinir el rol de los colegios particulares subvencionados, debemos distinguir los objetivos centrales de los medios para lograrlo. Terminar con el lucro, la selección y el financiamiento compartido son nuestro consenso básico irrenunciable. Sin embargo, puede haber flexibilidad, por ejemplo, para el tratamiento de establecimientos pequeños, rurales o especiales, con miras a aumentar la adhesión a la reforma.
En ese sentido he señalado la necesidad de atender las inquietudes de padres y apoderados, entendiendo que el fin de la selección y el copago es un cambio contracultural que genera fuertes temores. Por décadas éstos han pagado precisamente para separar a sus hijos de otros niños y se les ha convencido de que su aporte es signo de compromiso. Si bien habría sostenedores -y parte de la derecha- que buscan utilizarlos, no podemos cometer el error de ignorarlos sin distinguir sus legítimas preocupaciones, y procurar aclararlas.
Debemos avanzar simultáneamente en varios frentes y mantener convicción y firmeza en los principios y objetivos, pero también disponer de capacidad de diálogo y flexibilidad en los instrumentos para asegurar un proceso exitoso y de mayorías.
Columna publicada en La Tercera. 11/11/2014