LA TRANSICION chilena tuvo caracteres muy propios. La incertidumbre del retorno a la democracia en el marco de una institucionalidad autoritaria, hecha para que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”, como dijo un ideólogo de la dictadura, delinearon un debate político con marcada tendencia al consenso.
Un cuarto de siglo después, los estudiantes expresaron su disconformidad con la sociedad construida posrégimen militar y señalaron que aspiraban a una más igualitaria, partiendo por una educación gratuita y de calidad, y sumaron en ese reclamo a gran parte de la opinión pública.
Ello abrió un nuevo ciclo político y sentó las bases para transformaciones profundas. La Nueva Mayoría plasmó esas aspiraciones en un programa y la ciudadanía lo respaldó ampliamente en la elección presidencial y parlamentaria.
El Ejecutivo ha empezado a concretarlo, cumpliendo las medidas urgentes e ingresando ya, a menos de dos meses de entrar a La Moneda, la reforma tributaria y el cambio del binominal. RN y la UDI han acusado el retiro de ciertos proyectos y el rápido avance de la propuesta impositiva, calificándolos como una “aplanadora”.
En ninguna democracia llamaría la atención que la mayoría se exprese. Ello ocurre en Chile, primero, porque parte de la oposición se resiste a creer que perdió, en muchas materias, el veto que la Constitución le prodigó. Y, segundo, porque los ejes de la discusión estuvieron por años corridos hacia la derecha. Ello explica que algunas reformas razonables en cualquier gobierno de centroizquierda acá se caricaturizan como si provinieran de un régimen extremo.
En lo puntual, el retiro de proyectos no es nada anómalo. Es evidente que ante un cambio en la orientación del Ejecutivo, muchas iniciativas anteriores pierden sentido. Esto ocurre de manera automática en los parlamentos de Estados Unidos o Gran Bretaña.
También ocurrió en la administración Piñera, donde varias decenas de proyectos no se siguieron tramitando, como la reforma constitucional sobre el agua, el Código Procesal Civil o las elecciones primarias. Algunos, como los dos últimos, fueron reingresados tras un análisis, mismo estudio que se ha dicho que se hará ahora.
Cabe recordar que el gobierno pasado fue inflexible, particularmente en materia financiera. Hasta el último presupuesto se conformó con el apoyo de un par de parlamentarios díscolos o independientes y se negó a acuerdos más amplios.
Respecto del ritmo de trámite de las iniciativas, se asume la brevedad del período y la magnitud de los desafíos, más aún respecto de una reforma tributaria donde debe minimizarse la incertidumbre.
No estamos frente a aplanadora alguna, sino frente a una coalición que ha comprometido un programa de transformaciones profundas y que está dando señales de querer cumplirlo.
Lo anterior no significa que no haya espacio para dialogar. El Congreso es por esencia un lugar para atender buenos planteamientos -como de hecho ha ocurrido-, siempre que éstos no pretendan desfigurar lo que los electores sancionaron en las urnas, y entendiendo que en democracia prima la regla de la m