La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado continuó este lunes analizando un borrador de indicación, elaborado por el Gobierno, respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (Boletín Nº 8.493-14). La sesión de la instancia legislativa contó con la exposición de representantes del Colegio de Arquitectos, desarrolladores inmobiliarios, municipios y especialistas quienes expresaron sus inquietudes en torno a la propuesta.
La iniciativa persigue regular las mitigaciones y aportes que los proyectos de construcción en altura deben realizar. Se pretende corregir las imperfecciones de la normativa vigente. Las actuales disposiciones establecen que el urbanizador sólo debe realizar mitigaciones en materia de impacto vial, a través de los estudios respectivos (EISTU), cuando los proyectos tienen más de 150 estacionamientos (si son comerciales) o 250 (si son residenciales). La inmensa mayoría de los proyectos, entonces, no aporta al espacio público, pues se elaboran con un número menor.
El proyecto pretende que todos los proyectos de densificación en altura, independiente de sus características, realicen un aporte al espacio urbano que sea proporcional a su impacto. La idea es contar con un sistema que sea objetivo y predecible para los desarrolladores inmobiliarios y que permita a su vez a la ciudad contar con recursos para acometer las obras de mejoramiento en transportes y equipamiento urbano. La propuesta del Ejecutivo es disponer de un plan de inversiones previamente elaborado y valorizado y que los proyectos que se construyan realicen mitigaciones viales y aportes para la materialización de estas obras, considerando tanto la comuna como el área metropolitana, cuando corresponda.
El senador Carlos Montes ha recalcado la importancia de esta iniciativa haciendo ver el déficit existente en el país en la planificación de las ciudades. Asimismo, ha insistido en la necesidad de mirar el desarrollo inmobiliario con una perspectiva de bien común, conjugando los intereses particulares, con el del conjunto de los habitantes.