La Comisión de Vivienda aprobó por unanimidad el proyecto de ley sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano. La iniciativa del Gobierno tiene por objeto disminuir la especulación respecto del suelo urbano y aumentar la transparencia en dicho mercado.
El texto propone profundizar y anticipar las instancias de participación existentes en los instrumentos de planificación territorial y facilitar el acceso a la información contenida en aquéllos. Asimismo, se amplía la información disponible al público respecto de los inmuebles y las transacciones, creando un observatorio del mercado del suelo a cargo del MINVU y facilitando el acceso a la información que contiene el Catastro de Bienes Raíces del Ministerio de Bienes Nacionales.
Asimismo, el Mensaje incorpora diversas disposiciones que permiten al Estado capturar parte de las plusvalías que se producen por efecto de acciones de los organismos públicos y la regulación. Para ello se facilita la actualización del impuesto territorial (contribuciones) cuando ocurren cambios en los instrumentos de planificación territorial y se mejora la operatoria de la sobretasa que sanciona a los sitios eriazos.
Además, se establece un impuesto que permite al Fisco capturar una mayor parte del incremento del valor que experimentan los bienes raíces por efecto de la ampliación del límite urbano en los Planes Reguladores. Para ello se crea un impuesto con una tasa de 10% del incremento de valor que se produzca en dichos casos, cuyo cobro se materializará en el momento de la enajenación del inmueble.
El Senador Carlos Montes, quien ha sido un permanente impulsor de esta regulación destacó la necesidad de redistribuir de mejor forma el mayor valor que los propietarios obtienen, particularmente cuando su causa son acciones del Estado.
Remarcó que Chile es hoy el paraíso de las inversiones en suelo, producto de la escasa regulación y tributación. Sostuvo que este tipo de acciones especulativas generan un encarecimiento del suelo con grave impacto para la política habitacional y la equidad urbana, dificultando el acceso a la vivienda a los sectores más vulnerables.